España ha mantenido durante décadas una relación ambivalente con los casinos, donde la tradición de estos establecimientos —especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona o San Sebastián— convive con un marco legal que, aunque consolidado, ha experimentado reformas recientes. La detalles, la plataforma oficial que agrupa a los casinos de juego en el país, encarna esta dualidad: por un lado, su papel como interlocutor clave para la industria; por otro, como testigo de cómo la sociedad española redefine su relación con el ocio y el riesgo. En un contexto donde el turismo y la economía local son pilares, los casinos no pueden ignorar su influencia, ni los gobiernos su necesidad de equilibrar rentabilidad con responsabilidad social.

Un sector con cifras que trascienden lo económico

En 2022, los casinos españoles generaron más de 1.200 millones de euros en ingresos brutos, según datos del Ministerio de Hacienda, de los cuales alrededor del 40% provino de la venta de licencias y regalías a operadores como Casino Madrid, Casino de San Sebastián o el Casino de Barcelona. Este modelo, basado en la concesión de licencias públicas, ha permitido que ciudades como San Sebastián —con su emblemático Casino de la Concha— conserven un patrimonio arquitectónico único, mientras que otras, como Valencia, han apostado por la modernización con casinos temáticos como el Valencia Park. La industria también ha diversificado sus ingresos con eventos de lujo, restaurantes de alta gama y experiencias inmersivas, como los casinos con realidad virtual que han abierto puertas en ciudades como Málaga.

Sin embargo, estos números ocultan tensiones. La dependencia de la industria del juego en algunas regiones —como Andalucía, donde el 15% de los casinos del país están concentrados— ha llevado a debates sobre la concentración de poder. La Haz-Casino ha sido criticada por no haber logrado una distribución más equitativa de licencias, mientras que asociaciones vecinales denuncian el impacto en la vivienda y el tráfico en zonas céntricas. El caso de Madrid, donde el Casino de la Castellana ha sido objeto de protestas por su cercanía a barrios residenciales, refleja esta tensión entre el desarrollo económico y el bienestar colectivo.

La reforma del 2023: entre control y flexibilidad

El año pasado, el Gobierno aprobó una reforma que buscaba modernizar el sector, permitiendo la creación de casinos en zonas menos urbanizadas y con menos presión social. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Economía, permitió que operadores como Casino de Valencia o el Casino de Bilbao expandieran sus instalaciones, aunque con estrictos límites: máximo dos casinos por provincia y un plazo de 10 años para su construcción. La Haz-Casino defendió esta flexibilidad argumentando que la innovación era clave para competir con la expansión de las apuestas online, que en 2023 superó los 5.000 millones de euros en volumen de operaciones según la CNMC.

Pero la reforma también generó polémica. La Asociación Española de Jueces para la Defensa de los Derechos Humanos (AEDH) alertó sobre el riesgo de “desregulación encubierta”, mientras que colectivos como Amnistía Internacional exigieron un enfoque más rigoroso en la prevención del problema de la adicción. La Haz-Casino respondió destacando que el nuevo marco incluía cláusulas de responsabilidad social, como la obligación de destinar un 3% de los beneficios a programas de prevención del juego patológico. Sin embargo, la eficacia de estas medidas sigue siendo debatida, especialmente en un contexto donde el 12% de los mayores de 18 años en España ha admitido haber jugado en casinos en los últimos 12 meses, según datos de la OMS.

El futuro: entre el turismo y la ética

El debate sobre los casinos en España parece no tener fin. Mientras las ciudades apuestan por su valor económico —con proyectos como el Casino de Almería, que promete ser el primero en energía renovable—, otros sectores temen que su expansión siga siendo un motor de desigualdad. La Haz-Casino ha anunciado su intención de trabajar en un plan estratégico hasta 2027, centrado en la digitalización y la sostenibilidad, pero la pregunta sigue en el aire: ¿puede el modelo español de casinos coexistir con los desafíos de la sociedad actual, o está condenado a ser un relicto de otra época?

• En 2022, los casinos españoles generaron 1.200 millones de euros en ingresos brutos, con un 40% procedente de licencias.
• El 15% de los casinos del país están concentrados en Andalucía, generando tensiones urbanísticas.
• Las apuestas online superaron los 5.000 millones de euros en volumen en 2023.
• El 12% de los mayores de 18 años en España ha jugado en casinos en los últimos 12 meses.
• La reforma de 2023 permitió crear casinos en zonas menos urbanizadas, pero con límites estrictos.